La renta mínima universal: los 430 euros para todos los parados costarían hasta 15.000 millones

El debate sobre implantar una renta mínima que beneficiaría a más de dos millones de personas pone sobre la mesa las cifras de su coste: el sector público superaría los límites de déficit.

La renta mínima que los sindicatos UGT y CCOO han impulsado para que el Congreso apruebe tendría un coste cercano a los 15.000 millones de euros y mejoraría los niveles de pobreza, pero también incrementaría el déficit. Esta es la principal conclusión a la que han llegado los técnicos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que han hecho sus cálculos al respecto, que no difieren mucho de los previstos por los sindicatos.

 

La propuesta nació en mayo de 2016, cuando los dos sindicatos mayorirtarios llevaron al Congreso 700.000 firmas para tramitar una ley con una renta mínima universal para quienes no lleguen a unos ingresos mínimos. La renta planteada está condicionada a la búsqueda de empleo, por tanto, no es universal. Y supone una ayuda mensual de 430,27 euros (el 80% del IPREM) para quienes no lleguen a unos ingresos mínimos del 75% del SMI al año (7.429,8 euros). Ahora se está debatiendo en el Congreso para su aprobación, aunque hay voces que piden ensayarla primero limitando su percepción a parados de más de dos años que lleven más de uno sin percibir prestación alguna.

 

El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, ha destacado el potencial "muy significativo" de la ley de ingresos mínimos para redistribuir la riqueza y reducir los niveles de pobreza, aunque ha advertido de que podría aumentar el déficit entre medio punto y un punto: "Nos sacaría fuera de la consolidación fiscal", ha advertido. "Es una medida de gran calado potencial, con un potencial redistributivo muy significativo, y un gasto fiscal relevante", ha aseverado durante su comparecencia ante la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso, a la que ha sido llamado para dar su opinión sobre esta proposición de ley que tramita la Cámara Baja.

 

Así, Escrivá ha advertido que los costes que tendría esta prestación podrían suponer una elevación del déficit público entre medio punto y un punto del PIB, y que las perspectivas de la AIReF para España, aun sin esta norma, pasan por una estabilización del déficit público en torno al 2%, que estructuralmente alcanzaría el 2,5%. "Nos llevaría fuera del 3% (de déficit público) y nos sacaría fuera de la consolidación fiscal", ha avisado. Además, ha señalado que la Administración Central y la Seguridad Social no sólo concentran gran parte de ese déficit, sino que incluso lo elevan, ya que la suma de las administraciones autonómicas y locales contabilizaría un superávit de en torno del 1%.

 

En su análisis sobre la proposición de ley, Escrivá ha cuantificado el coste de esta medida entre 6.000 y 13.000 millones de euros, aunque se elevaría a un umbral de entre 7.000 y 15.000 millones si se incluye el complemento por menor o persona dependiente a cargo. En todo caso, ha puntualizado que las diferentes enmiendas podrían elevarla hasta 10.000 millones más --hasta 1.800 millones si no se requiere estancia previa, o hasta 8.000 millones si se eleva su cuantía hasta el 250% del salario mínimo-- o incluso reducirla en 1.300 millones si el umbral para acceder a la prestación se fija en 26 años.

 

Respecto a las potenciales personas beneficiarias, el presidente de la AIReF se ha remitido a la Encuesta de Condiciones de Vida del INE para remarcar que hay casi 3 millones de personas que, entre 18 y 65 años, manifestaron no haber trabajado en los últimos 12 meses, aunque en función de la renta podrían situarse entre 1,9 y 2,2 millones de personas.

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