La Policía, obligada a intervenir a las puertas de las Cortes para evitar problemas entre dos manifestaciones

FOTO: @PoliciaVLL.

Los cazadores se han quejado de que la manifestación sindical les estaba quitando espacio y se les echaba encima.

Agentes de la Policía Nacional se ha visto obligados a intervenir a las puertas de las Cortes de Castilla y León para evitar problemas al confluir dos manifestaciones que reivindicaban el derecho a la caza y la jornada laboral de 35 horas para los funcionarios. Ambas han reunido a cerca de 2.000 personas, con una participación mayoritaria de los asistentes procaza.

 

Mientras los defensores de la caza se encontraban frente a la fachada del Parlamento autonómico, la movilización convocada por UGT se ha desplazado desde la Consejería de Economía y Hacienda hasta las Cortes, donde se han encontrado en torno a las 12.00 horas.

 

Una vez allí, ambas convocatorias han confluido de manera pacífica hasta que los manifestantes de UGT, encabezados por una pancarta que rezaba '35 horas ¡YA!' y 'Contra el deterioro de los servicios públicos, ¡No a los recortes!', han ocupado la primera fila de la concentración, solapando así las pancartas desplegadas por los defensores de la caza, entre las que destacaban los lemas 'Sí a la caza, una forma de vida' o 'La caza y el mundo rural también votan'.

 

Los simpatizantes de la caza se han quejado de que la manifestación sindical se les "echaba encima", momento en el que la Policía Nacional ha decidido establecer un cordón entre ambas para evitar un posible enfrentamiento.

 

En ese momento, el bloque procaza ha aplaudido la intervención policial, mientras solicitaba a los manifestantes sindicales una actuación pacífica y recordaba que no quería "problemas", sino solos "soluciones". Finalmente, los agentes han obligado a retroceder a la movilización de UGT entre los vítores de los asistentes a la convocatoria paralela.

 

Estaba previsto que ambas convocatorias confluyesen a las puertas de las Cortes de Castilla y León, dado que atienden a asuntos que el Pleno tenía previsto debatir este miércoles, como es el caso de la Ley de Desarrollo de la Carrera Profesional de los Empleados Públicos de la Junta de Castilla y León; la Ley de Salud Pública y Seguridad Alimentaria de Castilla y León y la modificación de la Ley de Caza de la Comunidad.

 

REIVINDICACIONES SINDICALES

 

En concreto, los sindicatos UGT y USCAL han reclamado la jornada de 35 horas para los empleados públicos. En este sentido, el secretario de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Castilla y León, Tomás Pérez, ha recordado que la ley de Carrera Profesional es una de las exigencias "más antiguas del sindicato", pues significa "avanzar en derechos después de los diez años de sequía que supuso la crisis". Asimismo, Pérez ha avanzado que, de no salir adelante "no se descartan la convocatoria de huelgas a la función pública".

 

Mientras, USCAL ha sumado a esta petición su particular reivindicación de "reconocer como personal sanitario a todos aquellos médicos, veterinarios o farmacéuticos que ejerzan fuera del ámbito del Sacyl", según ha indicado el presidente de la Unión Sindical, Juan Carlos Alonso.

 

DEFENSA DE LA CAZA

 

Por otro lado, el bloque de defensores de la caza ha estado integrado por diferentes asociaciones de cazadores y ha contado, además, con el apoyo de colectivos de agricultores y ganaderos, así como del respaldo manifiesto de la Alianza UPA-COAG.

 

El presidente de la Oficina Nacional de la Caza y de la Asociación de Rehalas Regionales Españolas (Arrecal) Felipe Vegue, ha explicado que el objetivo de la movilización consistía en "apoyar a los parlamentarios para defender el proyecto de ley por el que se modifica la Ley de Caza de la Comunidad".

 

De este modo, aboga por encontrar una solución "rápida" a un problema que "no han creado los cazadores", sino que "ha venido impuesto por una contaminación del animalismo radical en la clase de la judicatura". "Esta es la última libertad que nos queda como hombres y como cazadores y no nos la va a coartar nadie", ha aseverado.

 

Asimismo, se ha referido a la respuesta social de este miércoles para reclamar a todos los políticos y, "en especial, ese progresismo radical y rancio que promulga libertades y solo prohíbe" que "no se limite más" su actividad.

 

En este sentido, ha asegurado que las mayores organizaciones de la caza en España "sopesan la posibilidad de pedir responsabilidades" a la magistrada Ana María Martínez Olalla, quien ha paralizado cauterlarmente la actividad en Castilla y León. "No es lógico ni normal que todas sus sentencias vayan sistemáticamente en contra del mundo rural y de todo lo que representan colectivos como cazadores, agricultores y ganaderos", ha afirmado Vegue.

 

Además, ha manifestado su intención de "seguir adelante" con la denuncia en contra del propio TSJ a fin de demostrar que, "como mínimo ha habido una contaminación del poder judicial por parte del mundo animalista".

 

"En otras comunidades, los deberes en materia de medio ambiente estaban mejor hechos que en Castilla y León", ha lamentado y ha criticado que la Justicia "desmerezca, una y otra vez", los informes técnicos y científicos presentados en defensa de la caza.

 

En la misma línea, Aurelio Pérez, coordinador de UPA-COAG, ha asegurado que la prohibición cautelar de la caza en Castilla y León es "una locura y una barbaridad" porque "funciona como elemento regulador para controlar las especies cinegéticas". Por ello, ha pedido a las Cortes que promulguen leyes "claras y concisas para que la caza siga cumpliendo su función".

 

De lo contrario, ha advertido, se produciría un "desastre" en materia de daños económicos para quienes viven de la caza, así como en agricultura y ganadería. "Cuando empecemos a tener vidas humanas en juego vamos a tener que salir a toda mecha para solucionar este problema", ha concluido, en referencia a las señales de tráfico que avisan de la presencia de animales en libertad.

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