El Tribunal de Cuentas da la puntilla a los soterramientos del AVE y recomienda buscar otras alternativas

Un informe descubre  un 'agujero' de 7.600 millones de euros en las sociedades creadas para soterrar la alta velocidad y recomienda liquidarlas: León ya lo hizo, Valladolid y Palencia no.

El Tribunal de Cuentas acaba de dar la puntilla a los proyectos de soterramiento de la alta velocidad en varias ciudades del país, entre ellas, León, Palencia y Valladolid. Estas millonarias actuaciones se han topado con numerosos problemas en casi todos los casos, también en Castilla y León, y no se han desarrollado por su alto coste. Ahora, el órgano fiscalizador ha encontrado un 'agujero' de 7.600 millones de euros entre todas y recomienda dos cosas: liquidarlas o buscar alternativas más baratas a los carísimos soterramientos.

 

En su último informe de fiscalización, el Tribunal de Cuentas analizar las sociedades creadas para los proyectos de soterrar las vías de la alta velocidad ferroviaria a su llegada a los centros urbanos de las ciudades donde hay estación de AVE. Para ejecutar estas obras, se constituyeron sociedades en las que han participado, por un lado, Adif, y por otro el Ministerio de Fomento y administraciones locales. En el caso de Castilla y León, se hicieron sociedades para soterrar las vías en León, Valladolid y Palencia, con participación de los ayuntamientos de estos municipios y de la Junta.

 

Como es sabido, los proyectos de soterramiento no han dado más que problemas. Las actuaciones han superado los 11.700 millones de euros en toda España, 7.600 millones más de lo previsto, algo que estas sociedades no han soportado. En el caso de la comunidad, se buscaba el equilibrio entre la aportación económica y el rédito de la venta de terrenos, pero el parón económico general ha impedido cumplir lo previsto.

 

En el caso de León, la sociedad se constituyó en 2003 para colaborar en la mejora de la integración urbana del ferrocarril en los términos municipales de León y San Andrés del Rabanedo y preparar la llegada de la alta velocidad a dichos municipios. El coste inicial previsto en el Convenio fue de 142,78 millones de euros. Como fue imposible llevar a cabo su propósito, se disolvió a finales de 2012. En su caso, se ha optado por otro tipo de integración para la continuidad hacia Asturias del AVE, ya sin obras de soterramiento.

 

Los proyectos de Palencia y Valladolid sigue, por contra, en marcha, pero ambos se han replanteado. En Palencia, la sociedad se creó en 2008 para integrar la llegada de la alta velocidad a la capital con un presupuesto de 346 millones. El proyecto ha tenido problemas de todo tipo: pidió un crédito de 12 millones a cuenta de futuras ventas de suelo, pero como no se ejecutaron los socios (ADIF, Junta y Ayuntamiento de Palencia) tuvieron que asumir la financiación de sus actividades con un préstamo participativo. Sus costes se han disparado un 29% según el TC. Se está replanteando toda la integración.

 

El caso de Valladolid es el más conocido en la Comunidad. La sociedad fue creada en 2002 entre Fomento, Junta y Ayuntamiento para sufragar actuaciones por 526,83 millones de euros que, según se acordó en el mismo, serían financiados por el Grupo Fomento, 163,58 millones, por la Comunidad Autónoma, 24 millones, y por las plusvalías obtenidas en el desarrollo urbanístico a realizar sobre los terrenos liberados de uso ferroviario, 339,25 millones, después de considerar los costes de urbanización.

 

A 31 de diciembre de 2016, de los 1.387,87 millones de euros previstos a dicha fecha para todas las actuaciones se encontraban pendientes de ejecución 833,12 millones, lo que representaba un 60,03% del total programado, según el Tribunal de Cuentas. A la vista de la escasa ejecución de obra y su delicada situación financiera, en febrero de 2016 se acordó revisar el plan y someter la sociedad a un plan de viabilidad. El nuevo convenio se firmó el 20 de noviembre de 2017 y en él se acordó la integración permeable del ferrocarril en la ciudad.

 

Por ello, el Tribunal de Cuentas concluye que "se considera necesario que las Administraciones que sean socios de estas Sociedades, analicen la situación en que se encuentra cada una de ellas y decidan, según los casos, su disolución o, en todo caso, la modificación de los mencionados Convenios a fin de ajustar el coste de los proyectos inicialmente previstos a las disponibilidades financieras de las Sociedades". Añade que, como el soterramiento no mejora el servicio, las sociedades que sigan con su actividad "pudieran contemplar alternativas al soterramiento de las vías".

 

Por último, aasegura que "las sociedades instrumentales constituidas entre los años 2002 y 2010 para la integración del ferrocarril en las ciudades no han conseguido la finalización de los proyectos inicialmente planificados, generando la necesidad de una financiación externa del proyecto hasta que se pueda poner en valor los suelos liberados del uso ferroviario, afectando a la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las cuentas públicas y presentando una incertidumbre respecto de la obtención de ingresos futuros derivados de las plusvalías de la transformación de los terrenos ferroviarios".