Casi 400.000 habitantes de Castilla y León se quedan sin sucursal bancaria en su municipio

Sucursal bancaria (Foto: Teresa Sánchez)

La comunidad es la más afectada por la exclusión bancaria: el 80% de los municipios en el que vive el 16% de la población ya no tiene una oficina bancaria a la que ir.

La población sin acceso a una sucursal bancaria en su municipio de residencia aumentó un 7,2 por ciento en 2017, hasta superar los 1,35 millones de habitantes, según los datos difundidos por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), que señala que Castilla y León se sitúa a la cabeza en este porcentaje, con un 16,4 por ciento de la población.

 

Desde el inicio de la crisis financiera, el número de oficinas bancarias se ha reducido un 42 por ciento y la población sin acceso a una sucursal en el municipio en el que vive ha crecido un 44 por ciento, hasta representar el 2,9 por ciento del total. Así, el 52,2 por ciento de los municipios españoles no tenía una oficina bancaria al cierre de 2017, lo que supone un incremento de 1,5 puntos porcentuales respecto a 2016 y de 8,3 puntos porcentuales desde 2008.

 

Castilla y León es la Comunidad con mayor porcentaje de población que reside en municipios sin oficinas bancarias (16,4 por ciento), seguida de Extremadura (5,8 por ciento) y Navarra (7,9 por ciento), mientras que el porcentaje no alcanza el 1 por ciento en Islas Baleares, Canarias, Murcia, Asturias y Madrid.

 

Eso supone que en 1.810 de los 2.248 municipios de Castilla y León no hay sucursal, un 80,5% de todas las poblaciones, y en esos pueblos viven 398.277 personas, un 16,4% del total de 2,4 millones de habitantes. Además, varias provincias de la Comunidad lideran la lista de las que tienen más población o más municipios afectados.

 

Por provincias, este porcentaje es prácticamente inexistente en Islas Baleares, Cádiz, Jaén, Pontevedra, Murcia, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife y Sevilla. En el extremo contrario se sitúan Zamora (27,7 por ciento), Ávila (21,2 por ciento), Salamanca (20,7 por ciento) y Segovia (22,5 por ciento).

 

Además, los datos del Ivie indican que el 83 por ciento de los municipios sin entidades bancarias tiene menos de 500 habitantes, concentrándose el 30 por ciento de los que no llegan a 100 habitantes. Los que tienen entre 5.000 y 10.000 habitantes solo representan el 0,1 por ciento de los municipios sin sucursales, por lo que en términos de población excluida, el 44 por ciento reside en pueblos de menos de 500 habitantes. De esta manera, el Instituto Valenciano pone de manifiesto que la probabilidad de no tener acceso a una oficina bancaria en el lugar de residencia es mucho mayor si se reside en un municipio pequeño.

 

 

La mitad de sucursales que en 2008

 

Según explica el Ivie, la baja rentabilidad de las entidades de depósitos españolas obliga a reducir costes cerrando oficinas, con una caída acumulada de la red de sucursales, con lo que el sector contaba al cierre de junio con 27.320 oficinas en España, casi la mitad de las 45.662 que existían en 2008. Por provincias, se ha cerrado más de la mitad de sucursales que había en 2008 en Barcelona (56 por ciento), Castellón (53 por ciento), Tarragona (52 por ciento) y Girona (51 por ciento). En el extremo opuesto se sitúan otras con recortes por debajo del 25 por ciento como Cuenca (16 por ciento), Badajoz (21 por ciento), Teruel (21 por ciento) y Ciudad Real (22 por ciento).

 

En Castilla y León, han cerrado el 39% de las oficinas en Palencia y Ávila, el 38% en Salamanca y Burgos o un 31% en León.

 

 

Banca online y más cierres

 

De cara al futuro, prevé que siga aumentando la población sin acceso a una oficina bancaria en el lugar de residencia, ya que es necesario seguir ajustando la capacidad instalada para recortar costes. No obstante, si el cierre se concentra en municipios de cierto tamaño, es menos probable que afecte a la exclusión financiera, y el impacto será menor confirme siga avanzando la penetración de la banca online.

 

"El propio sector bancario está contribuyendo a evitar la exclusión financiera facilitando el acceso a los servicios financieros en lugares donde no hay oficinas y el sector público debería completar esta labor, para empezar, erradicando la exclusión digital, ya que la exclusión financiera es un problema social", ha destacado el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas en su informe.

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