Con el objetivo de facilitar a los autónomos y Pymes el pago de impuestos durate la crisis económica, derivada de la crisis sanitaria por la covid-19, el Gobierno decidió la aprobación el pasado 12 de marzo de la posibilidad de aplazar los pago hasta un máximo de 30.000 euros durante seis meses, los tres primeros meses sin intereses, que han sido ampliados un mes en virtud del Decreto-Ley 19/2020 aprobado por el Gobierno este martes y que ha sido publicado en la jornada de ayer en el BOE.

Según ha informado el presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia y teniendo en cuenta el Real Decreto 537/2020 del 22 de mayo, según el cual el cómputo de los plazos administrativos que hubieran sido suspendidos se reaunadará el 1 de junio, hasta 289 entidades entidades locales de la comunidad tendrán dificultades para el cumplimiento de dichos plazos.

Con datos a 21 de mayo, casi 300 empresas de Castilla y León tendrán dificultades para el cumplimiento de los plazos respecto a las obligaciones de rendición de cuentas o de remisión de información relativa al control interno, contratos o convenios. Ante ello, a dichas entidades se les ampliarán los plazos en la forma que determine el Tribuna de Cuentas.

Así, muchas de las empreas de nuestra comunidad no podrán hacer frente a dichas exigencias, produciéndose una situación de 'ahogamiento' por falta de liquidez, cuando tan solo han pasado cuatro días de su reapertura dentro de Castilla y León.