España afronta una de esas semanas en las que la política parece haberse quedado sin espacios intermedios. El Gobierno ha convocado elecciones generales para el 29 de noviembre. La calle se moviliza. Los sindicatos anuncian una huelga general para el 11 de noviembre. Y una mujer de 87 años, Maricarmen Abascal, fallece después de haber sido desahuciada de la vivienda en la que había vivido durante décadas.

Son demasiadas cosas para tan pocos días. Y quizá precisamente por eso conviene detenerse. La crisis de la vivienda existe. Es grave y afecta especialmente a jóvenes, familias con rentas bajas y trabajadores que comprueban cómo una parte cada vez mayor de sus ingresos se consume en pagar un alquiler o una hipoteca. No hace falta militar en ninguna ideología para reconocerlo. Tampoco hace falta esperar a que una tragedia se convierta en símbolo para admitir que tenemos un problema.

Maricarmen se ha convertido en ese símbolo. Su historia conmueve. Su desahucio conmocionó a una sociedad que difícilmente puede permanecer indiferente ante la imagen de una mujer de 87 años abandonando su casa en una camilla. Y su muerte, después de permanecer ingresada desde aquel día, merece respeto, duelo y humanidad. Pero lo que no merece es convertirse en munición electoral.

La política tiene una tentación recurrente: transformar una tragedia individual en una batalla colectiva y, después, utilizar esa batalla para señalar culpables antes incluso de haber resuelto el problema. En los últimos días hemos asistido a ese proceso a una velocidad extraordinaria. Maricarmen pasó de ser una ciudadana atrapada en un drama habitacional a convertirse en bandera de una movilización, en argumento político, en elemento de la precampaña y, finalmente, en la razón última de una protesta que amenaza con prolongarse hasta las elecciones. Hay una frontera que no deberíamos cruzar: la que separa el legítimo dolor de la utilización partidista del dolor.

La acampada de la Puerta del Sol expresa una indignación que no puede ser despreciada. Quienes están allí tienen derecho a protestar, a reclamar una vivienda digna y a exigir respuestas. Pero una democracia madura también debe preguntarse hacia dónde conduce una protesta cuando la reivindicación termina sustituyendo al debate, cuando la calle pretende dictar lo que el Parlamento no ha conseguido acordar y cuando cualquier discrepancia empieza a ser presentada como insensibilidad ante el sufrimiento.

Y aquí aparece la huelga general. Que los sindicatos protesten forma parte de la normalidad democrática. Que defiendan salarios dignos y mejores condiciones de vida es, además, parte de su propia razón de ser. Pero resulta difícil no observar con extrañeza una huelga general convocada por CCOO y UGT por una cuestión esencialmente habitacional y fijada para el 11 de noviembre, apenas 18 días antes de unas elecciones generales. Los propios dirigentes sindicales han admitido que no se trata de una huelga general clásica. Y ahí está el problema. Una huelga general es una herramienta de enorme trascendencia. No debería convertirse en un instrumento más de una campaña electoral, aunque sus convocantes aseguren que no está dirigida contra un partido concreto. La proximidad de la convocatoria electoral hace inevitable que muchos ciudadanos se pregunten por la oportunidad de la movilización.

Los sindicatos corren además el riesgo de perjudicarse a sí mismos. Durante años han reivindicado su independencia política. Para mantener esa credibilidad tienen que demostrarla también cuando gobiernan aquellos con los que comparten parte de su diagnóstico social. Si una huelga general se percibe como una prolongación de una estrategia política, pierde fuerza como instrumento sindical y gana sospechas como instrumento partidista. No es una cuestión de estar a favor o en contra de la vivienda. Es una cuestión de coherencia.

Tampoco resulta razonable convertir cada problema social en un plebiscito entre buenos y malos. La vivienda no se arregla con consignas. No se arregla solamente con decretos, ni con controles improvisados, ni con la demonización permanente de propietarios, fondos, empresarios o administraciones. Tampoco se arregla negando el problema o confiándolo todo a que el mercado lo resuelva por sí solo. Se arregla construyendo vivienda. Aumentando la oferta pública. Facilitando suelo. Protegiendo al vulnerable. Dando seguridad jurídica. Evitando abusos. Mejorando los salarios. Y coordinando a Gobierno, comunidades autónomas y ayuntamientos, que tienen responsabilidades decisivas en esta materia.

La convocatoria electoral puede ser, precisamente, una oportunidad para que los ciudadanos decidan qué modelo quieren. No para que la campaña se convierta en una competición por apropiarse de la indignación de la calle. Los partidos tendrán que explicar qué harán con la vivienda, pero también con la economía, la sanidad, la educación, la inmigración, las pensiones, la seguridad y el empleo. España es mucho más que una sola reivindicación, por legítima que sea.

Y los ciudadanos tienen derecho a votar sin que nadie les diga que su voto debe ser la prolongación de una acampada, de una huelga o de una consigna. La muerte de Maricarmen debería servir para recordarnos algo mucho más importante que quién gana una batalla política: que detrás de los grandes debates hay personas concretas. Personas que necesitan una casa, un salario, una pensión, una oportunidad o simplemente poder vivir con dignidad. No hagamos de Maricarmen una bandera de partido.

Hagamos que su historia sirva para que nadie vuelva a encontrarse en una situación semejante. Ese sería el mejor homenaje. Y quizá también la mejor forma de recuperar algo que en estos días parece haberse perdido: la política como instrumento para resolver problemas, no como una forma más de agravarlos.