La Fiscalía y la acusación particular piden entre 18 y 30 meses de prisión por un delito de maltrato animal para el propietario de un criadero de perros de Melgar de Fernamental (Burgos), huido de la justicia desde 2020 y que el pasado febrero fue detenido en Venezuela y extraditado a España para ser juzgado.

Este martes ha arrancado el juicio en el Juzgado de lo Penal número 2 de Burgos, seis años después de que la Guardia Civil desmantelara en febrero de 2020 el criadero, donde había un centenar de perros, el doble de los autorizados, en pésimas condiciones higiénico-sanitarias.

El acusado, que había abandonado España apenas cinco días antes del registro de la Guardia Civil, se enfrenta a un delito de maltrato animal por el que la Fiscalía solicita 18 meses de cárcel, mientras que la acusación particular, ejercida por la asociación Justicia y Defensa Animal de Burgos, reclama entre 25 y 30 meses.

También está acusado de un delito de alzamiento de bienes, por el que la Fiscalía solicita tres años de prisión. La acusación particular sostiene además la existencia de reincidencia, ya que el procesado había sido condenado a un año de prisión por maltrato animal en octubre de 2019.

La defensa ha solicitado la absolución y ha alegado una supuesta vulneración de derechos fundamentales por no haber dispuesto el acusado de abogado en todo momento. También ha cuestionado la extradición desde Venezuela al considerar que los delitos por los que se le reclama no tienen correspondencia en la legislación venezolana.

Estado "deplorable" y animales desnutridos

Los hechos juzgados se remontan al periodo comprendido entre noviembre de 2019 y febrero de 2020 y tienen su origen en una denuncia presentada en septiembre de 2019 por Justicia y Defensa Animal, además de las inspecciones posteriores realizadas por la Guardia Civil y la Junta de Castilla y León.

Los agentes del Seprona han declarado que el criadero, autorizado en 2015, no cumplía la normativa y que los animales se encontraban sin alimentación ni agua y en pésimas condiciones.

Durante la vista han descrito un escenario "deplorable", con animales desnutridos, enfermos y heridos, algunos de ellos con evidencias de canibalismo. Según los agentes, la falta de alimento habría llevado a algunos perros a recurrir a esa conducta para sobrevivir.

Los veterinarios y técnicos de la Junta que inspeccionaron las instalaciones entre noviembre de 2019 y febrero de 2020 han coincidido en señalar que no se produjo una mejoría suficiente y que llegaron a ordenar la retirada de animales por el riesgo para su vida.

Siete perros muertos y otros 37 en un piso

Uno de los agentes del Seprona que participó en la operación de febrero de 2020 ha asegurado que el acusado "había abandonado a su suerte" a los animales y que se marchó sin dejarles comida ni agua.

Durante el registro localizaron 31 perros vivos y otros siete muertos, algunos de ellos fallecidos hacía casi veinte días. En otra de las propiedades inspeccionadas, un piso, encontraron 37 perros vivos y otros dos muertos, uno de ellos oculto en un congelador.

Los agentes han insistido en que existía un riesgo vital para los animales y han señalado que en diciembre de 2019 ya se había ordenado retirar todos los perros y cerrar el criadero.

La asociación reclama justicia

Durante la primera sesión también ha declarado Judith Sánchez, representante de Justicia y Defensa Animal, quien ha explicado que la asociación ofreció ayuda al acusado para hacerse cargo de los animales e incluso planteó su cesión, pero este no aceptó.

Sánchez ha relatado el grave estado en el que se encontraban los perros y ha asegurado: "He visto muchas barbaridades pero como esta nunca antes".

El juicio continuará el viernes con las declaraciones de los peritos. El abogado de la asociación, Luis Oviedo, ha señalado que, independientemente de la condena, resulta "muy difícil" que el acusado ingrese en prisión, ya que ha pasado casi 24 meses en prisión preventiva, ocho de ellos en Venezuela, y actualmente se encuentra en libertad