La Universidad de Burgos recibirá 5,94 millones de euros del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para ampliar la oferta de alojamientos asequibles destinados a la comunidad universitaria. La medida pretende facilitar la movilidad de estudiantes y profesionales y contribuir a aliviar la presión que soporta el mercado del alquiler en las ciudades universitarias.

La UBU es una de las siete universidades y entidades públicas seleccionadas por el Gobierno dentro de un programa que movilizará un total de 45 millones de euros. El Ministerio ha activado este lunes el trámite de audiencia pública del real decreto que regula estas subvenciones, después de más de un año de trabajo y conversaciones con las instituciones beneficiarias.

Además de la Universidad de Burgos, el reparto contempla 13,37 millones para la Universidad Autónoma de Madrid, 8,2 millones para la Universidad de Castilla-La Mancha, 6,5 millones para la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, 4,46 millones para la Universidad Jaume I de Castellón, 3,56 millones para la Universidad de Jaén y 2,97 millones para el Ayuntamiento de Lleida.

El conjunto de actuaciones permitirá poner en marcha en una primera fase 1.525 alojamientos universitarios. Según el Ministerio, buena parte de los proyectos se desarrollará sobre terrenos públicos o de titularidad universitaria que ya están disponibles y cuentan con la correspondiente consolidación urbanística, una circunstancia que permitirá acortar los tiempos necesarios para ejecutar las promociones.

Los nuevos alojamientos tendrán que conservar su carácter público y ofrecer precios asequibles. Las condiciones económicas y los límites de precio serán establecidos por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en las resoluciones o convenios que se suscriban con las entidades beneficiarias.

El importe máximo que podrán pagar los usuarios incluirá también determinados servicios asociados a la vivienda, entre ellos el suministro de electricidad, agua y conexión wifi, con el objetivo de garantizar que el coste final de estos alojamientos se mantenga dentro de los parámetros de asequibilidad establecidos por el Gobierno.

Las resoluciones y convenios determinarán además las actuaciones concretas que se financiarán en cada caso y fijarán los correspondientes plazos para su ejecución.