El Gobierno da este lunes uno de los primeros pasos para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2027, unas cuentas que, de prosperar, serán las primeras de la actual legislatura tras la prórroga de los presupuestos de 2023 durante tres ejercicios consecutivos.

El Ministerio de Hacienda reúne al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y a la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) para presentar a comunidades autónomas y ayuntamientos los objetivos de déficit, deuda y regla de gasto correspondientes al periodo 2027-2029. Se trata de un trámite previo e imprescindible antes de aprobar la senda de estabilidad que servirá de base para elaborar las nuevas cuentas públicas.

La hoja de ruta del Ejecutivo contempla mantener el calendario habitual y remitir el proyecto presupuestario al Congreso antes de octubre. Sin embargo, antes deberá superar un obstáculo político de gran relevancia: conseguir que la senda de estabilidad obtenga el respaldo suficiente en las Cortes.

Aunque las comunidades gobernadas por el Partido Popular previsiblemente mostrarán su rechazo durante la reunión del CPFF, ese escenario no pone en riesgo la aprobación en este órgano. El Ministerio de Hacienda dispone de la mitad de los votos y le basta con el apoyo de una comunidad autónoma para sacar adelante la propuesta.

El verdadero desafío llegará después. Una vez aprobada por el Consejo de Ministros, previsiblemente durante la primera quincena de julio, la senda de estabilidad será remitida al Congreso junto con el límite de gasto no financiero, conocido como techo de gasto. Mientras este último únicamente se presenta para su conocimiento, la senda sí debe ser votada por la Cámara Baja.

Para superar esa votación, el Ejecutivo necesita reunir el respaldo de todos los partidos que facilitaron la investidura de Pedro Sánchez, incluido Junts, formación que ya rechazó el pasado año los objetivos de estabilidad correspondientes a 2026 y que podría volver a convertirse en un actor decisivo.

Si el Congreso tumbara nuevamente la propuesta, el Gobierno tendría un plazo de un mes para presentar otra, ya sea modificada o idéntica. En caso de que la Cámara Baja la aprobara y el Senado la vetara, el texto regresaría al Congreso, donde los diputados podrían levantar ese veto con una nueva votación.

Solo si las dos propuestas fueran rechazadas por las Cortes entrarían automáticamente en vigor los objetivos fiscales previamente comunicados por España a la Comisión Europea, que serían entonces la referencia obligatoria para elaborar los Presupuestos de 2027.

Esos compromisos con Bruselas ya fijan el marco económico para los próximos años. El plan fiscal acordado con las instituciones europeas establece que el déficit público deberá reducirse hasta el 1,8 % del PIB en 2027, bajar al 1,6 % en 2028 y situarse en el 1,5 % en 2029. Además, el crecimiento del gasto primario neto no podrá superar el 3,2 % en 2027 y el 3 % durante los dos ejercicios siguientes.

El proceso presupuestario ya está en marcha. Tras la actualización del cuadro macroeconómico y la publicación hace unas semanas de la orden de elaboración de las cuentas, la aprobación de la senda de estabilidad se presenta ahora como el paso más determinante para comprobar si el Gobierno dispone de los apoyos parlamentarios necesarios para sacar adelante sus primeros presupuestos de la legislatura.