La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), Ana del Ser, ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar la planta judicial de la Comunidad con la incorporación de 19 nuevas plazas, especialmente para hacer frente a la presión que soportan los órganos civiles, cuya carga de trabajo supera ampliamente los niveles de referencia fijados por el Consejo General del Poder Judicial.

Durante la presentación de la memoria judicial correspondiente a 2025, Del Ser explicó que, pese a la mejora en los índices de resolución, la acumulación de asuntos pendientes continúa siendo elevada. Según los datos recogidos en el informe, el pasado año descendió el número de procedimientos ingresados, sobre todo en las jurisdicciones civil y social, mientras que aumentó el número de asuntos resueltos respecto al ejercicio anterior.

La presidenta del alto tribunal relacionó parte de esta evolución con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025 de eficiencia del servicio público de justicia, aunque señaló que todavía es pronto para determinar hasta qué punto las nuevas medidas de resolución extrajudicial contribuirán a reducir la litigiosidad.

En este contexto, recordó que el Ministerio de Justicia contempla la creación de 500 nuevas plazas judiciales en España, de las que 19 corresponderían a Castilla y León. Los nuevos efectivos se destinarían principalmente a reforzar la jurisdicción civil en las capitales de provincia, con especial atención a Valladolid y León, además de otros órganos sociales y mercantiles y partidos judiciales como Miranda de Ebro y Aranda de Duero.

No obstante, Del Ser advirtió de que la incorporación de estos nuevos jueces será progresiva y podría extenderse entre 2026 y 2027, en función de la disponibilidad de profesionales y de su acceso a la carrera judicial.

La presidenta del TSJCyL también se refirió al proceso de implantación de los nuevos tribunales de instancia, derivado de la reforma de la Justicia, una adaptación que calificó de compleja debido a los cambios organizativos y tecnológicos que ha requerido.

Asimismo, alertó de la creciente saturación que registran algunas secciones civiles y penales de las audiencias provinciales y defendió la necesidad de reforzar determinados órganos mediante jueces de adscripción territorial y otras medidas de apoyo.

Por último, Ana del Ser mostró su preocupación por el efecto que determinadas críticas políticas pueden tener sobre la imagen del Poder Judicial y advirtió de que la pérdida de confianza en las instituciones judiciales podría repercutir en el correcto funcionamiento del Estado de derecho. Pese a ello, quiso destacar el trabajo desarrollado por jueces y magistrados de Castilla y León, que han logrado mantener e incluso aumentar su capacidad de resolución a pesar de la elevada carga de trabajo.