Miles de trabajadores laborales de las administraciones públicas cuentan con una nueva vía para adelantar su retirada del mercado laboral. La Secretaría de Estado de Función Pública ha activado oficialmente el procedimiento que permite acceder a la jubilación parcial, una medida largamente demandada por sindicatos y empleados públicos y que había quedado prácticamente bloqueada por las dificultades para incorporar trabajadores relevistas.

La resolución, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), desarrolla el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y las organizaciones sindicales a finales de marzo para facilitar la aplicación de esta modalidad de retiro anticipado en el sector público.

La principal novedad es que se establece un sistema centralizado para coordinar las jubilaciones parciales y la contratación de relevistas, uno de los principales obstáculos que impedían poner en práctica este derecho. Hasta ahora, la necesidad de vincular cada jubilación a una nueva contratación derivada de una oferta pública de empleo provocaba retrasos que, en muchos casos, hacían inviable el proceso.

Quién puede acceder 

La medida está dirigida al personal laboral de las administraciones públicas que cumpla una serie de condiciones. Entre ellas, destacan haber cotizado al menos 33 años a la Seguridad Social y acreditar un mínimo de seis años de antigüedad en la Administración.

La jubilación parcial permite adelantar la retirada hasta tres años antes de la edad ordinaria de jubilación. Durante ese periodo, el trabajador podrá reducir su jornada laboral entre un 25 % y un 75 %, percibiendo un salario proporcional al tiempo efectivamente trabajado mientras complementa sus ingresos con la correspondiente prestación de jubilación parcial.

Además, la normativa contempla la posibilidad de que el empleado concentre el tiempo de trabajo que le corresponda en jornadas o periodos completos, una fórmula que facilita una transición más flexible hacia la jubilación definitiva.

Cómo se contratará a los relevistas

Para que la jubilación parcial pueda hacerse efectiva será imprescindible la incorporación simultánea de un trabajador relevista. La resolución establece que previamente deberá existir una oferta pública de empleo aprobada y que los contratos deberán formalizarse en un plazo máximo de seis meses desde la resolución definitiva de adjudicación de plazas.

La contratación se realizará de forma progresiva conforme vayan presentándose solicitudes de jubilación parcial. Los relevistas deberán ser incorporados mediante contratos indefinidos y a jornada completa, reforzando así la estabilidad laboral dentro de la Administración.

Asimismo, la persona contratada no tendrá que ocupar necesariamente el mismo puesto que deja parcialmente vacante el trabajador jubilado. La Administración podrá asignarla a distintos centros de trabajo, grupos profesionales o especialidades en función de sus necesidades organizativas.

Una solución parcial 

Aunque la resolución supone un avance relevante para el personal laboral, la situación sigue siendo diferente para otros colectivos del sector público. Los funcionarios y el personal estatutario continúan sin poder acceder a la jubilación parcial con contrato de relevo, una reivindicación que permanece pendiente de desarrollo legislativo.

La recuperación de este derecho estaba incluida en el proyecto de Ley de Función Pública, pero la tramitación parlamentaria de la norma permanece paralizada en el Congreso, lo que mantiene en el aire una solución definitiva para cientos de miles de empleados públicos.

Con esta medida, el Gobierno busca facilitar el relevo generacional en las administraciones y ofrecer una salida gradual a trabajadores próximos a la jubilación, al tiempo que impulsa nuevas incorporaciones de carácter estable al empleo público.