Este 1 de junio de 2026 se cumplen ocho años desde que el Congreso de los Diputados aprobara la primera moción de censura exitosa de la democracia reciente en España, un movimiento parlamentario que expulsó del Gobierno a Mariano Rajoy y abrió el camino a la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Ejecutivo.

Aquel día de 2018, la iniciativa impulsada por el PSOE salió adelante tras conocerse la sentencia del caso Gürtel, que afectaba al Partido Popular como organización beneficiada por una trama de corrupción. La moción obtuvo 180 votos a favor, apoyada por una amplia mayoría de fuerzas parlamentarias que entonces incluían a Unidas Podemos, ERC, PNV o EH Bildu, entre otras. Al día siguiente, Sánchez prometía su cargo ante el rey y comenzaba una etapa política que, ocho años después, llega envuelta en uno de sus momentos más delicados.

El aniversario coincide con un clima de creciente tensión política para el Gobierno. Distintos procedimientos judiciales han salpicado a figuras vinculadas al entorno socialista en los últimos meses, entre ellos el conocido como caso Koldo, en el que se encuentra implicado el exministro y exsecretario de Organización socialista José Luis Ábalos. Ábalos fue, precisamente, el encargado de defender la moción de censura en 2018 en nombre del PSOE, lo que añade una carga simbólica a su situación actual.

A ello se suman las tensiones internas del partido tras el relevo en la cúpula organizativa con Santos Cerdán como figura clave, así como nuevas actuaciones judiciales que han reabierto el debate político en torno al Ejecutivo.

En paralelo, el debate público también se ha visto afectado por el foco sobre familiares del presidente del Gobierno, un elemento que la oposición ha incorporado de forma recurrente a su discurso político.

En este contexto, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha intensificado sus críticas al Gobierno y ha llegado a asegurar que hará "todo lo posible" para intentar un cambio de Ejecutivo, aunque sin dar el paso de registrar una nueva moción de censura.

La aritmética parlamentaria actual hace prácticamente imposible que una iniciativa de ese tipo prospere, lo que explica que el Partido Popular esté centrando sus esfuerzos en presionar a los socios habituales de investidura del Gobierno para debilitar su estabilidad.

Un bloque de apoyos cada vez más fragmentado

El mapa parlamentario que sostiene al Ejecutivo ha cambiado desde 2018. Si la moción de censura fue posible gracias a una amplia coalición de fuerzas, la última investidura de Sánchez en noviembre de 2023 se apoyó en 179 votos de formaciones como Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG o Coalición Canaria, además del PSOE.

Sin embargo, algunas de estas formaciones han mostrado en los últimos meses señales de distanciamiento político. Junts llegó a dar por agotado su apoyo al Gobierno, mientras que el PNV o Coalición Canaria han expresado críticas tras las últimas polémicas judiciales, alimentando la percepción de desgaste parlamentario.

Aun así, ninguno de estos partidos ha mostrado disposición a respaldar una hipotética moción de censura, especialmente si implicara coincidir con Vox, un factor que sigue siendo decisivo en sus cálculos políticos.

Pese a este escenario, el presidente del Gobierno mantiene su intención de continuar la legislatura y descarta adelantar elecciones. Según ha reiterado en distintas ocasiones, incluso en momentos de alta presión política, no contempla "tirar la toalla".

En las próximas semanas está prevista una comparecencia de Sánchez en el Congreso solicitada tras los últimos acontecimientos judiciales que afectan al entorno socialista. Allí se espera que reitere su posición de continuidad y defensa de la estabilidad institucional. El Gobierno, además, afronta un horizonte complicado en materia legislativa, con crecientes dudas sobre la aprobación de nuevos presupuestos.

El octavo aniversario de la moción de censura no solo recuerda el origen del actual ciclo político, sino que también coincide con un momento de máxima incertidumbre sobre su continuidad. Entre la presión de la oposición, el desgaste de los apoyos parlamentarios y la persistencia de casos judiciales, el Ejecutivo afronta un escenario en el que la estabilidad ya no se da por garantizada, pero tampoco existe una alternativa parlamentaria clara que permita un relevo inmediato en La Moncloa.