El hasta ahora director operativo de la Policía Nacional, José Ángel González, ha roto su silencio público después de que saliera a la luz una querella por una presunta agresión sexual presentada por una agente del cuerpo. González afirmó este miércoles, 18 de febrero, que su salida del cargo fue "una decisión personal" adoptada de manera inmediata tras conocer la denuncia, y no consecuencia de una orden del Ministerio del Interior. Según explicó en una entrevista televisiva en el programa de Antena 3 'Y Ahora Sonsoles', su objetivo fue "proteger el prestigio de la institución" y poder afrontar su defensa "en condiciones".

"No, no... yo renuncié antes de que me... Ahora me tienen que cesar ellos. Yo renuncié nada más conocer la querella. Y además lo hice por escrito. O sea, yo renuncié y además puse que por no ensuciar el buen nombre de la Policía", expresaba el exDAO en su primera intervención pública tras saltar el escándalo.

La denuncia, admitida a trámite por un juzgado de Madrid especializado en violencia sobre la mujer, ha causado una fuerte conmoción entre los más de 76.000 agentes de la Policía Nacional. Muchos de ellos reconocen que la noticia fue recibida "con incredulidad y sorpresa", al tratarse de uno de los mandos de mayor relevancia dentro del organigrama policial. La querella sostiene que entre ambos existió una relación personal y que la agente habría sufrido una agresión sexual con penetración, además de presuntas coacciones posteriores para evitar que denunciara los hechos.

La dimisión de González se formalizó en la noche del martes, pocas horas después de que el sindicato JUPOL reclamara públicamente su salida inmediata del cargo. El puesto que ocupaba, la Dirección Adjunta Operativa, es el de mayor rango uniformado dentro del cuerpo, solo por debajo del director general de la Policía.

Mientras se fijan las comparecencias judiciales de las partes para mediados de marzo, los sindicatos policiales han optado mayoritariamente por un discurso de cautela. Temen que el caso derive en "una generalización injusta" sobre la actuación de la Policía Nacional y subrayan la necesidad de compatibilizar la protección de la denunciante con el respeto a la presunción de inocencia del mando destituido.

Desde el Sindicato Unificado de Policía se ha defendido que la renuncia "es coherente con la responsabilidad del cargo y con la exigencia de ejemplaridad en los puestos de alta dirección". En una línea similar, el Sindicato Profesional de Policía, que agrupa a mandos, ha pedido "evitar juicios paralelos" y esperar al desarrollo de la investigación judicial antes de exigir responsabilidades.

Otras organizaciones han ido más allá y han criticado la gestión política del caso, señalando directamente al ministro del Interior y reclamando también su dimisión. Interior, por su parte, ha asegurado que no tenía conocimiento previo de los hechos denunciados y ha abierto una investigación interna para aclarar si otros altos cargos estaban al tanto de la situación.

Pese a la gravedad del caso, los representantes de los agentes insisten en "preservar la imagen de una institución que figura entre las más valoradas por la ciudadanía". Coinciden en que el respeto a la víctima, la presunción de inocencia y la transparencia judicial deben guiar la actuación en un proceso que apenas acaba de comenzar.