Las exmonjas del monasterio de Belorado solicitarán este martes la suspensión del desahucio previsto para el próximo 10 de febrero, al considerar que no se han cumplido los plazos legales de notificación de la ejecución provisional de la sentencia.

El abogado de las exclarisas, Florentino Aláez, explicó que únicamente cuatro de las ocho exreligiosas han recibido la notificación del auto que fija el desalojo forzoso, y que además lo hicieron la pasada semana, los días 20 y 21 de enero. En concreto, fueron notificadas la exabadesa sor Isabel y las religiosas sor Sion, sor Berit y sor Israel.

Según el letrado, esta situación incumple el plazo de un mes establecido en el auto dictado en diciembre por el Tribunal de Instancia de Briviesca, que otorgaba a las exmonjas ese periodo para abandonar el monasterio de forma voluntaria antes de proceder al desahucio forzoso. Aláez considera "imposible" que dicho plazo pueda cumplirse si se cuenta desde el día siguiente a la notificación efectiva.

Además, otras cuatro exreligiosas aún no han sido notificadas: sor Paloma, sor Alma, sor Belén y sor Miryam, esta última fuera temporalmente del grupo por motivos de salud. Por este motivo, la defensa solicitará que quede sin efecto la fecha del 10 de febrero para la ejecución del desalojo.

El abogado ha avanzado también que presentarán un escrito de oposición a la ejecución provisional, ya que contra el auto judicial no cabe recurso ordinario, sino únicamente oposición. Confían en que la titular del Tribunal de Instancia de Briviesca atienda esta petición y acuerde la suspensión del desahucio.

Paralelamente, la defensa está a la espera de que la Audiencia Provincial de Burgos resuelva los recursos presentados en septiembre contra la sentencia del 31 de julio, que reconoció a la Iglesia católica la propiedad del monasterio y ordenó el desalojo de las exmonjas. La deliberación, votación y fallo de dichos recursos está prevista para este martes, 27 de enero, aunque la resolución no se conocerá de forma inmediata.

Florentino Aláez confía en que la Audiencia Provincial les dé la razón y, en cualquier caso, espera que la sentencia se haga pública antes del 10 de febrero, fecha prevista para el desahucio forzoso.