El exviceconsejero de Economía de la Junta de Castilla y León Rafael Delgado, principal acusado en el caso conocido como trama eólica, ha defendido este miércoles su actuación durante la fase final del juicio y ha expresado su confianza en obtener una sentencia absolutoria. Delgado, para quien la Fiscalía solicita un total de 36 años de prisión, ha intervenido en la sesión de cierre haciendo uso del derecho a la última palabra, una opción que solo ejercieron dos de los once procesados.

Durante su intervención ante la Audiencia Provincial de Valladolid, Delgado rechazó la tesis de las acusaciones según la cual todas las autorizaciones de parques eólicos que firmó "estaban condicionadas a la existencia de un socio local". En este sentido, invitó a revisar el Boletín Oficial para comprobar que varios de los proyectos aprobados "no cumplían ese supuesto requisito" y citó expresamente algunos de ellos.

El exalto cargo autonómico señaló además que, cuando accedió al puesto de viceconsejero, "ya había más de mil megavatios promovidos por socios locales" y subrayó que algunas de las transmisiones de participaciones societarias que se analizan en el juicio se autorizaron "después" de que abandonara el cargo, en junio de 2007.

En relación con los presuntos delitos fiscales que se le atribuyen, Delgado explicó que, tras dejar la administración autonómica, fijó su domicilio, residencia y actividad profesional en Madrid, donde desarrolló su labor en dos empresas, a pesar de que uno de los informes de la Agencia Tributaria se elaboró en Valladolid.

También intervino en esta fase final del juicio el abogado Jesús Rodríguez Recio, a quien la Fiscalía considera "testaferro" de Delgado y que ha ejercido su propia defensa durante el proceso. En su intervención, reconoció la dificultad de compatibilizar su doble condición de acusado y letrado, y admitió su "falta de experiencia previa" en procedimientos de esta magnitud, que han incluido cuatro meses de vistas orales y una instrucción de más de una década.

Rodríguez Recio pidió disculpas por "posibles errores" cometidos durante el juicio y agradeció el trabajo del tribunal y de la Fiscalía, recalcando que nunca ha personalizado sus críticas ni en el ministerio público ni en la Sala. Asimismo, destacó el esfuerzo del tribunal por esclarecer un caso que calificó de especialmente complejo por la cantidad de cuestiones jurídicas y fácticas analizadas.

El resto de los procesados renunció a ejercer el derecho a la última palabra. Antes de dar por concluida la vista, el magistrado presidente agradeció el trabajo de los miembros del tribunal, de la letrada de la Administración de Justicia y del personal judicial implicado, así como la colaboración de todas las partes para el desarrollo de un juicio que se ha prolongado durante algo más de cuatro meses.

Con esta sesión final, el juicio ha quedado visto para sentencia, que deberá dictar el tribunal de la Audiencia Provincial de Valladolid.