La Audiencia Provincial de Valladolid ha dejado este martes, 21 de enero, visto para sentencia el juicio de la conocida como trama eólica, una causa que investiga supuestas irregularidades en la concesión de autorizaciones para parques eólicos en Castilla y León entre los años 2004 y 2011. El proceso judicial ha durado cerca de cuatro meses y ha contado finalmente con once personas acusadas, después de que varias quedaran fuera del procedimiento a lo largo de la vista oral.

El juicio se inició el pasado mes de septiembre contra antiguos responsables de la Junta de Castilla y León y diversos empresarios del sector energético. Durante las sesiones han comparecido decenas de testigos y peritos ante el tribunal de la sección cuarta de la Audiencia de Valladolid, en un procedimiento en el que han intervenido la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado, tres acusaciones particulares, la acción popular ejercida por Ecologistas en Acción y las defensas de los encausados.

En el transcurso del proceso se produjeron varias retiradas de acusación. El primer día de la vista, las acusaciones particulares desistieron de los cargos contra el empresario Carlos Galdón, lo que llevó al magistrado presidente a acordar su exclusión del juicio al no existir acusación alguna contra él. Posteriormente, el Ministerio Público retiró también los cargos contra otros tres procesados —el empresario César Hernández Chico y los exdirectivos de Iberdrola Rafael Icaza y Pedro Barriuso— decisión que fue seguida por las acusaciones particulares.

Tras estos cambios, el juicio concluyó con once personas en el banquillo. En la sesión final, el magistrado concedió el derecho a la última palabra a los acusados, del que solo hicieron uso dos de ellos.

La Fiscalía sitúa como principal acusado al exviceconsejero de Economía de la Junta de Castilla y León Rafael Delgado, para quien solicita un total de 36 años de prisión por delitos continuados de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias, además de seis delitos de extorsión y uno de blanqueo de capitales. Para el abogado Jesús Rodríguez Recio, al que considera testaferro de Delgado, pide ocho años y medio de cárcel por blanqueo de capitales y delitos continuados de cohecho y tráfico de influencias.

El Ministerio Público reclama asimismo doce años de prisión para el empresario Alberto Esgueva por cohecho continuado y blanqueo de capitales, y seis años para su hermano Francisco Esgueva por un delito continuado de cohecho. Para el empresario Germán Martín Giraldo solicita doce años de cárcel, mientras que para el exdirector general de Deportes de la Junta Andrés Martín de Paz pide seis años de prisión.

En el caso de los empresarios Patricio, Alejandro y Miguel Ángel Llorente, hermanos vinculados a la empresa Collosa, la Fiscalía solicita seis años de prisión para cada uno por cohecho continuado, la misma pena que para el exdirectivo de Iberdrola Ricardo Bravo. Para la exmujer de Alberto Esgueva, el Ministerio Público interesa una condena de cuatro años de cárcel por un delito continuado de cohecho.

Las defensas han pedido la absolución de todos los procesados. Será ahora el tribunal de la Audiencia Provincial de Valladolid el encargado de dictar sentencia en una de las causas de corrupción más relevantes investigadas en la comunidad autónoma.