El juicio de la conocida como 'trama eólica' en Castilla y León, un supuesto caso de corrupción en el que están acusadas quince personas entre exaltos cargos del Ejecutivo autonómico y empresarios, se inicia este lunes, 15 de septiembre, con la exposición de las cuestiones previas de las partes -alegaciones procesales-.

La Audiencia Provincial de Valladolid acoge la vista oral, en la que está programada la comparecencia de 84 testigos y una veintena de peritos en 43 sesiones, durante distintas fechas, con la previsión de que los encausados declaren los últimos, en una vista que concluirá el 28 de enero de 2026.

Las acusaciones contra los procesados se dirigen a que fijaron un método para retirar a los servicios territoriales de Industria la capacidad de autorizar parques eólicos y concentrar la decisión en la Viceconsejería, de la que se ocupaba en el momento de los hechos uno de los procesados, Rafael Delgado, según fuentes jurídicas.

La manera de actuar consistía en obligar a que en cada proyecto figurara una empresa radicada en Castilla y León elegida por la Consejería, unas compañías que adquirían participaciones a bajo coste que, tras obtener la autorización, revendían a los verdaderos promotores con beneficios y que podían suponer 250.000 euros por megawatio autorizado, según dichas fuentes.

La Fiscalía Anticorrupción reclama provisionalmente para Rafael Delgado penas que suman 36 años y 6 meses de prisión, multas que suman más de 236 millones de euros e inhabilitación para cargo público.

Para los demás acusados, demanda condenas que oscilan entre 6 y 12 años de cárcel, además de multas y responsabilidades civiles calculadas en unos diecinueve millones de euros, mientras las defensas de los encausados demandan la absolución.

Además del Ministerio Público, ejercen la acusación la Abogacía del Estado, particulares perjudicados y la Federación de Ecologistas en Acción de Castilla y León, en este último caso como acción popular.