Más de 2.000 vecinos de la comarca de Pinares, entre Burgos y Soria, han remitido un escrito al presidente de la Junta, Alfonso Fernández-Mañueco, en el que acusan al Gobierno autonómico de "inacción negligente" en materia de prevención de incendios forestales. Los firmantes señalan una dejación de funciones que pone en riesgo el entorno natural.

En el comunicado recuerdan que el presidente, como máximo responsable del Ejecutivo, tiene responsabilidad civil y penal por el "abandono del entorno, tanto de la biomasa acumulada por derechos sin gestionar, que son caldo de cultivo para los incendios, como por la retirada de agentes forestales, vigilantes de torretas y personal indispensable para ordenar y cuidar los montes".

Los vecinos insisten en que las tareas de prevención —cortafuegos, mantenimiento de pistas o desbroces—, la contratación de bomberos forestales, la vigilancia en torres y la organización de retenes son competencia directa de la Junta de Castilla y León, así como la dotación presupuestaria y la decisión sobre medios. "El gobierno de Castilla y León no ha puesto y no pone los medios necesarios para prevenir y gestionar nuestros montes, ni aporta suficientes recursos para extinguir el fuego", denuncian.

Como ejemplo citan los incumplimientos del Plan Anual de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales 2025. En la zona de Pinares hay puestos de vigilancia sin personal desde primavera, sustituidos por cámaras "algo no previsto en el plan"; además, solo hay una autobomba para toda la mancomunidad burgalesa, sin servicio nocturno, y las cuadrillas terrestres apenas alcanzan siete efectivos algunos meses.

La denuncia también apunta a la ausencia de retenes de maquinaria, medios aéreos y cuadrillas helitransportadas, así como a la falta de convenios con entidades locales y provinciales. "La política forestal y de prevención de incendios del gobierno de Castilla y León no mejora ni optimiza, no es eficaz ni eficiente. Simplemente recorta recursos", lamentan.

Los vecinos se preguntan por la falta de planificación, de medios humanos y materiales, y por la privatización de servicios que, aseguran, precariza la labor de los bomberos forestales. Critican los contratos temporales de cinco meses, la insuficiente formación, la inestabilidad, la escasa profesionalización y los bajos salarios.

Por ello, exigen a la Junta una gestión forestal continua durante todo el año, con más vigilantes apoyados por tecnología, estabilidad laboral para el sector y un servicio público plenamente profesionalizado. La propuesta incluye que los bomberos sean contratados todo el año, con condiciones dignas y formación adecuada.