El dueño de los perros que en octubre pasado atacaron y acabaron con la vida de una joven, del municipio zamorano de Roales del Pan, ha sido enviado a prisión por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Cuatro de Zamora, por un supuesto delito de homicidio.

Tanto la defensa como el Ministerio Fiscal hubieran desestimado esa medida de prisión provisional, según publica este viernes el diario La Opinión de Zamora y han confirmado a EFE el letrado de la acusación particular, Miguel Ángel Martín, y fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ).

El juzgado ha acordado la medida de prisión provisional sin fianza, pese a que la acusación particular había pedido que el internamiento fuera eludible con ella.

La joven de 27 años Arantxa Corcero falleció el pasado 23 de octubre después de que esa tarde hubiera salido a dar un paseo por caminos próximos a Roales del Pan, junto a una explotación ganadera de ovino situada en el término municipal vecino de La Hiniesta, cuando fue atacada mortalmente por un grupo de perros mastines y de carea.

Fue la madre de la víctima quien dio la voz de aviso de lo sucedido a los servicios de Emergencia, después de que hablara con ella por teléfono cuando se produjo el ataque y fuera la primera en llegar al lugar cuando los perros aún mordían a la joven.

El pastor investigado por homicidio hasta ahora había declarado tanto ante la Guardia Civil como ante el Juzgado, pero hasta este pasado jueves el Juzgado no había decretado ninguna medida cautelar sobre él.

La defensa del investigado y la Fiscalía habían desestimado la petición de prisión provisional, que ahora pueden recurrir ante la Audiencia de Zamora, al entender que no existía ni riesgo de fuga ni posibilidad de que pudiera destruir pruebas, motivos antes que determinan la prisión provisional antes de celebrarse el juicio.

La defensa ya ha anunciado que presentará un recurso para solicitar que el pastor quede en libertad al entender que la medida cautelar impuesta es más grave que la solicitada por cualquiera de las acusaciones, y que se han quebrantado "de modo grave las garantías procesales" de su cliente, según publica EFE.