La Consejería de Educación de Castilla y León ha remitido dos cartas a los ministerios competentes solicitando la derogación de la gestión del alta en la Seguridad Social del alumnado de Formación Profesional o la moratoria de la entrada en vigor hasta el año 2025, con el fin de garantizar la titulación de esos estudiantes.

Así lo ha detallado la Consejería en un comunicado, en el que ha explicado que ese asunto fue uno de los principales puntos tratados en la reunión de la Conferencia Sectorial de Educación celebrada ayer tarde en Madrid, a la que asistió la consejera de Educación, Rocío Lucas.

"La protección que se merecen nuestros estudiantes requiere un sistema fiable y viable para evitar efectos perversos que puedan hacer peligrar las prácticas curriculares y las titulaciones. Por tanto, desde la Junta de Castilla y León se ha solicitado al Gobierno central que se convoque al comité técnico para poder implantar esta medida de manera homogénea en todo el territorio, conocer y estudiar los resultados del grupo de trabajo de pilotaje y disponer de un sistema de gestión efectivo, técnicamente viable y ensayado", trasladó Lucas.

La norma, que entra en vigor el próximo 1 de enero, puede desincentivar a las empresas o instituciones y poner así en peligro el sistema de prácticas. Ese es, según Castilla y León, "uno de los posibles efectos no deseados de la nueva normativa tal y como está planteada".

Asimismo, la Consejería de Educación sostiene que esa norma debe garantizar una seguridad jurídica y debe asegurar que "los estudiantes de Castilla y León puedan titular, que sus prácticas sean de calidad".

"No podemos pedir a nuestros jóvenes que renuncien a formarse por no poder cotizar, lo que afecta especialmente a los colectivos más vulnerables como, por ejemplo, los que están cobrando la prestación por desempleo o cualquier subsidio", han planteado.

Se trata de una situación igual a la que vivirán los alumnos que cursan certificados emitidos por las consejerías de Empleo y tampoco pueden cotizar.

La Consejería ha incidido en que la implementación de esa normativa va a suponer un incremento exponencial del trabajo de gestión en los centros educativos, en las direcciones provinciales y en los servicios centrales, lo que provocará a su vez un sobrecoste que, una vez más, tendrán que soportar las comunidades autónomas.

"Unos gastos adicionales que son mayores a los que estima el Ministerio, por lo que exigimos que se financie esta medida, tanto en el coste de las cotizaciones, como en el de medios personales para atender la gestión de esta", trasladó Rocío Lucas en la sectorial.

Asimismo, de acuerdo a las mismas fuentes, en el turno de ruegos y preguntas, la consejera de Castilla y León solicitó que se convoque una reunión monográfica sobre el estado actual de la educación en todo el territorio nacional.