Los órganos judiciales de Castilla y León han procesado a una persona por currupción, durante el segundo trimestre del año, según los datos del Consejo General del Poder Judicial. En este sentido, en Castilla y León fueron tres las sentencias dictadas, de las que una fue absolutoria.

Dichos procedimientos judiciales tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos. De hecho, abarcan la corrupción tanto administrativa como política siendo este el delito que más preocupación causa entre la ciudadanía. 

Estos fenómenos se recogen en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística y de funcionarios públicos, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos; cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales; negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función y receptación y blanqueo de capitales.

A nivel nacional, la cifra se ha elevado hasta los 59 porcesados, de los que 11 son personas jurídicas y 48 físicas. Además, se han dictado 20 sentencias en procedimientos por delitos de corrupción, de las que 13 han sido condenatorias y 7 absolutorias.