La Junta de Castilla y León prevé recuperar a finales de este año 133 antiguas viviendas de camineros para ponerlas de nuevo en el mercado mediante la fórmula del alquiler social, diseñada para personas que tienen dificultades económicas para encontrar un hogar. Los trabajos de rehabilitación finalizarán en unos meses, tras una inversión de 17,2 millones de euros, que se financia con ayudas REACT-EU.

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio está acometiendo estas actuaciones en seis provincias de la Comunidad con el fin de renovar antes de que acabe 2023 las viviendas de camineros, ya que la mayoría se encontraban en "mal estado" por su "paulatino abandono" con el paso de los años. Con ello se ampliará el parque público de alquiler de Castilla y León.

Las obras, según la información a la que tuvo acceso Ical, continúan ejecutándose a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl) y la Dirección General de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo. Estas viviendas forman parte de las más de 2.000 que la Consejería prevé construir, rehabilitar e incorporar en esta legislatura al parque público, tanto en venta como en alquiler, con una movilización de más de 200 millones de euros.

Por un lado, la Consejería acomete la rehabilitación de 127 viviendas de camineros en distintos municipios de cinco provincias, con un presupuesto de 16,5 millones, a las que se suman otras seis situadas en Medina de Rioseco (Valladolid), que requerirán 700.000 euros.

De esta forma, Castilla y León contará con diez viviendas (pareadas) renovadas en el Barco de Ávila (Ávila); así como diez en Astorga y 28 en Valencia de Don Juan (León), todas ellas en bloque. También estarán listas a finales de año otras 12 casas adosadas en Peñaranda de Bracamonte y otras once en Ciudad Rodrigo (Salamanca). Además, se contemplan otros 20 pisos en la ciudad de Soria y 22 en Zamora, así como 14 viviendas adosadas en Puebla de Sanabria y seis en Medina de Rioseco.

Los interesados en solicitar este tipo de viviendas en alquiler deberán estar inscritos como titulares en el Registro Público de Demandantes de Viviendas de Protección Pública de Castilla y León y como requisitos se exige, además de no ser titulares de vivienda, tener ingresos de la unidad familiar inferiores a cinco veces al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) y destinar la vivienda única y exclusivamente a residencia habitual y permanente del arrendatario y su unidad familiar.