La Junta de Castilla y León ha sido condena a pagar más de 12.000 euros por la defensa que la Administración Autonómica denegó a dos agentes medioambientales de Aranda de Duero en el caso de la gestión de lodos de ECOARANDA, según informa la Unión Sindical de Castilla y León (USCAL) en un comunicado.

La sentencia refleja que el 14 de agosto de 2020 reiteradas llamadas de varios vecinos al teléfono de emergencias 112 alertaban de los malos olores y la inadecuada gestión de residuos de la empresa ECOARANDA, en la carretera de la Aguilera.

Desde el servicio de emergencias 112 se comunicó, en ese momento, a la Central Provincial de Mando (CPM) de Burgos que envió a los agentes medioambientales de guardia ese día. Contaban con un seguimiento de la empresa desde 2010, y más pormenorizado desde 2015, en el que ya habían presentado actas, denuncias e informes, por los incumplimientos de esta empresa sin que el Servicio de Medio Ambiente y la Delegación Territorial de Burgos hubiera resuelto ninguna sanción, salvo una de 1.800 euros en 2018 de las más de diez denuncias realizadas contra esta empresa por diversos incumplimientos.

Los agentes paralizaron cautelarmente la entrada de los lodos de naturaleza líquida el 14 de agosto de 2020, al comprobar que en una finca aledaña se estaban muriendo animales presuntamente por la ingesta de agua del pozo y que los vecinos estaban viendo contaminados sus pozos de abastecimiento de agua.

"Desde el Servicio de Medio Ambiente se opta por dejar prescribir durante casi un mes la medida y, lejos de apoyar la actuación de sus agentes, realiza una consulta jurídica a la Delegación que concluye con un informe que en un principio manifiesta que los agentes medioambientales no son competentes para realizar este tipo de medidas cautelares en instalaciones de gestión de residuos. Dicho informe terminó, de forma casual, en manos de la empresa, la cual utilizó el mismo para presentar una querella por prevaricación en el Juzgado de Instrucción de Aranda de Duero contra los Agentes Medioambientales actuantes", según el sindicato.

Como empleados públicos, solicitaron la asistencia jurídica de los abogados de la Junta de Castilla y León, para que les asistieran en su defensa, la cual, a pesar de tener informe favorable de la Consejería de Medio Ambiente, fue denegada por los Servicios Jurídicos de la Consejería de la Presidencia, y los agentes debieron sufragar de su bolsillo los gastos de procurador y abogado para defenderse de la denuncia de una empresa.

Ante tal desamparo de la Junta de Castilla y León a sus funcionarios, los agentes apoyados por su sindicato profesional APAMCYL, integrado en la federación sindical USCAL, presentaron contencioso administrativo ante el Juzgado de Valladolid que ha fallado que la actuación de los Agentes Medioambientales en el caso de la empresa ECOARANDA estaba realizada con todas las garantías legales, tumbando el criterio del informe jurídico de la Delegación de Burgos y considerando que la medida cautelar adoptada por los agentes a la empresa fue perfectamente legal. Además, condena a la Junta de Castilla y León a correr con los gastos de defensa jurídica.