Las pensiones no pueden ser el comodín electoral

Hay debates que, por su importancia, merecen estar permanentemente en el centro de la agenda política. Las pensiones son uno de ellos. Lo preocupante es que, en lugar de abordarse con la seriedad y la perspectiva de futuro que requieren, vuelvan a convertirse en un recurso recurrente de la confrontación partidista cada vez que se aproxima una cita electoral o surge una polémica que incomoda al Gobierno.

Las informaciones que afectan a responsables socialistas, entre ellas las relacionadas con Óscar López o con las actividades inmobiliarias de la pareja de una portavoz del PSOE, han vuelto a situar al partido en una posición incómoda. En ese contexto, la reaparición de las pensiones como argumento de combate político invita a preguntarse si estamos ante un debate genuino sobre la sostenibilidad del sistema o ante otro intento de desplazar la atención hacia un terreno especialmente sensible para millones de ciudadanos.

Porque pocas cuestiones despiertan tanta preocupación como la posibilidad de perder aquello que se ha ganado durante toda una vida de trabajo. Las pensiones no son un regalo de ningún Gobierno, ni una concesión que dependa de la generosidad de un partido. Son el resultado de décadas de cotizaciones y esfuerzo, un elemento esencial de protección social y un compromiso entre generaciones que constituye uno de los pilares de nuestro Estado del bienestar.

Por eso conviene decirlo con claridad: los pensionistas no deben vivir bajo la amenaza permanente de que su futuro depende del resultado de unas elecciones. No hay razones para convertir cada discusión política en una alarma sobre la continuidad de las prestaciones. Existe un amplio consenso social en torno a la protección de quienes han contribuido durante su vida laboral y ningún partido puede ignorar el coste político y social que supondría plantear recortes drásticos. La garantía de las pensiones debe descansar, además, en compromisos institucionales, en la legislación y en decisiones presupuestarias sostenibles, no únicamente en la confianza que inspire un determinado Gobierno.

Ahora bien, proteger un derecho no significa dar por resueltos todos los problemas que lo rodean. Y ahí es donde debería concentrarse la discusión política. El envejecimiento de la población, la evolución del empleo, los salarios, las cotizaciones y el aumento del número de pensionistas obligan a examinar periódicamente la capacidad del sistema para responder a sus obligaciones. No hacerlo sería una irresponsabilidad. Hacerlo con transparencia, rigor y voluntad de acuerdo es una obligación de cualquier Ejecutivo, sea del color que sea.

La cuestión, por tanto, no es enfrentar a pensionistas con trabajadores, ni presentar cualquier revisión del sistema como una amenaza encubierta. Tampoco consiste en prometer que todo está garantizado sin explicar cómo se financiarán las prestaciones a medio y largo plazo. Se trata de encontrar mecanismos que permitan sostenerlas en el tiempo, distribuir los esfuerzos con equidad y evitar que las decisiones necesarias se pospongan por miedo a su coste electoral.

Ese debate exige cuentas claras, previsiones realistas y acuerdos que vayan más allá de una legislatura. Exige también que los ciudadanos conozcan las alternativas y sus consecuencias, sin que las dificultades se oculten ni se utilicen para alimentar el miedo. La responsabilidad política no consiste en convertir cada incertidumbre en una amenaza, sino en ofrecer respuestas solventes antes de que los problemas se agraven.

Las pensiones, en definitiva, no pueden ser el comodín que se saca de la baraja cuando interesa cambiar el foco de la discusión pública. Ni una noticia incómoda debe servir para desviar la atención de las explicaciones que merecen los ciudadanos, ni la preocupación legítima de los pensionistas puede utilizarse como argumento para desacreditar al adversario. Cada asunto debe responder a sus propios hechos y cada debate debe afrontarse con la seriedad que corresponde.

Quienes han trabajado durante décadas tienen derecho a la tranquilidad. Y quienes hoy sostienen el sistema con sus cotizaciones tienen derecho a confiar en que también podrán recibir una pensión mañana. Esa doble responsabilidad obliga a todos los partidos a actuar con altura de miras, a no alimentar temores interesados y a no confundir la protección de un derecho con su explotación electoral.

Las pensiones deben estar por encima de la disputa partidista, precisamente porque son demasiado importantes para quedar atrapadas en ella. Garantizar su futuro requiere algo más que proclamas y promesas: requiere reformas cuando sean necesarias, financiación suficiente y acuerdos duraderos. Todo lo demás es ruido político. Y con el futuro de millones de personas no se debería hacer campaña.