Vaya por delante mi respeto a la justicia no contaminada. Es el único poder del Estado que se salva. La justicia viciada por la política -léase Tribunal constitucional, Fiscalía General y Consejo General del poder judicial- no es justicia.

Salgamos de esta ciénaga de corrupción en que estamos inmersos en España. Dejemos de lado los asuntos pendientes ante los tribunales españoles y echemos un vistazo a la resolución del Tribunal de Derechos humanos -Tribunal de Estrasburgo-, al que se habían dirigido algunos independentistas catalanes en su afán de codicia. Si el Tribunal Supremos español acaba de mandar un aviso a navegantes a través de la sentencia de las mascarillas, el mensaje del Tribunal de Estrasburgo no es menos claro.

Algunos independentistas de Canet de Mar, apoyados por Omnium cultural, organización que es el cerebro del independentismo y del proceso de independencia, querían que Estrasburgo les diera la razón y les dijera que dedicar el 25 % a la enseñanza en español en las escuelas catalanas, como defendía el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y avalaba el Tribunal Supremo español, vulneraba los derechos de los independentistas. Según las referencias periodísticas, la demanda interpuesta ante el Tribunal de Estrasburgo sostenía que esas resoluciones vulneraban el modelo de inmersión lingüística y los derechos de quienes defendían la escolarización principalmente en catalán.

Pero "la avaricia rompe el saco", como dice el refrán. Pues bien, los independentistas no se conformaron con que el Gobierno catalán -no olvidemos que el partido socialista catalán es realmente un partido independentista- aprobara en 2022 un decreto (6/2022) para burlar la sentencia del Tribunal Superior de Cataluña, sino que querían más. Pretendían que el Tribunal de Estrasburgo dijera que dedicar en las escuelas catalanas el 25 % del tiempo a la enseñanza en español violaba los derechos de los padres independentistas.

Pues bien, el Tribunal de Estrasburgo no se ha limitado a no admitir la demanda, pues es un asunto que está resolviendo el Tribunal Constitucional español, sino que ha indicado que el monolingüismo de la escuela "perjudicó significativamente a las familias españolas" que residen temporal o permanentemente en la comunidad, impidiendo su "doble derecho y deber constitucional de aprender castellano". Así, aunque recuerda que Cataluña es una "región bilingüe", dice que recibir educación en español es "crucial" dado su carácter nacional. Y que el fallo del 25% del Tribunal Superior de Cataluña es una medida "equilibrada" para preservar tanto los derechos como la diversidad lingüística.

A ver qué agallas tienen ahora el piadoso señor Illa para contradecir al tribunal de Estrasburgo. A ver si el Tribunal constitucional español se atreve a decir que no es anticonstitucional una ley catalana dictada precisamente para burlar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que imponía la obligación, no del 50%, sino de un rácano 25 % de enseñanza en español.

Como hace ya más de dos años que se interpuso ante el Tribunal Constitucional el recurso de inconstitucionalidad de la Ley del Parlamento Catalán dictada para prohibir el 25% de la enseñanza en catalán y como es probable que el Constitucional demore su sentencia in eternum (para siempre), y más después de la resolución del Tribunal de Estrasburgo, creo que los padres cuyos hijos se han visto privados del 25% de enseñanza en español pueden recurrir ya al Tribunal de Estrasburgo pidiendo indemnización  por los daños morales y económicos sufridos.

En ese caso no creo que fueran suficientes los presupuestos de la Generalitat para indemnizar tanto perjuicio por incumplir una ley, incluso rácana, causado en Cataluña.

El independentismo -también el partido socialista catalán- fue por lana y salió trasquilado.