Incluso los que no tenemos unos conocimientos profundos del Derecho de la Unión Europea estábamos horrorizados de que un tribunal español -y precisamente el Tribunal Constitucional-, se atreviera casi con "manu militari" a prohibir a la Audiencia de Sevilla preguntar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si en el caso de los ERES, es decir en caso de la absolución de Manuel Chávez y José Antonio Griñán, entre otros,   por parte del mismo Tribunal Constitucional, a pesar de que éstos hubieran defraudado 680 millones  de euros destinados a los trabajadores en paro, se tiene que aplicar el Derecho de la UE respecto al empleo de fondos públicos .

Resulta por lo menos chocante que la Audiencia Provincial de Sevilla (máximo órgano      judicial de la provincia) condene a unas personas y que después venga el Tribunal Constitucional, cuya misión consiste únicamente en velar por que se respete la constitución, y las absuelva.

El hecho de que, después de varias semanas,  el Tribunal Constitucional español haya cesado en su acoso al tribunal de Sevilla y haya retirado la prohibición de presentar el recurso ante el Tribunal de Luxemburgo, no es el más mínimo atenuante del grave atropello que se intentaba cometer contra la existencia misma de la Unión Europea. Se trataba de un intento premeditado y constante, del que se ha desistido de muy mala gana ante el miedo al descrédito del propio Tribunal Constitucional.

Insisto en la gravedad de este hecho, al que califiqué la semana pasada como "una bomba atómica preparada para estallar" por tratarse de un ataque al principio fundamental de la UE: la primacía del Derecho de la Unión Europea. Si los Estados o los jueces nacionales pudieran llevar la contraria al Derecho de la UE o pudieran prescindir de él, como pretendía el Tribunal Constitucional español, la Unión Europea y su Derecho serían papel mojado.  

Hay, además, un conjunto de circunstancias que demuestran la gravedad de este asunto y que a los europeístas nos preocupa seriamente. El Tribunal Constitucional sabe que, en algunos casos, los tribunales nacionales no sólo pueden, sino que deben formular una cuestión prejudicial al Tribual de Justicia de Luxemburgo, y, a mi entender, éste es uno de esos casos. Además, los letrados del Tribunal Constitucional habían emitido, al parecer, cinco informes en los que se mostraban contrarios al bloqueo a la cuestión prejudicial que la Audiencia de Sevilla pretende presentar ante el Tribunal de Luxemburgo. Y los letrados, tanto los de las Cortes como los de los tribunales suelen ser, además de competentes, libres de influencias políticas.

Por último, hay otra circunstancia de no menor importancia que afecta al Tribunal Constitucional español: el cariz político que en los últimos tiempos va adquiriendo tanto por el nombramiento de sus miembros como por sus decisiones.

Si, según el código penal, los intentos de delito conllevan su correspondiente pena, los intentos de violaciones del Derecho de la UE también deberían conllevar su pena. Y por eso, siguiendo esta línea, la  Comisión Europea ha admitido a trámite una denuncia contra las maniobras del presidente del Tribunal Constitucional Cándido Conde-Pumpido que suponen una "injerencia" para "cortar las alas" a los tribunales e impedir que planteen cuestiones prejudiciales.

Si el Tribunal Constitucional español ha levantado el bloqueo a la Audiencia de Sevilla forzado por las circunstancias, es decir, no por propia convicción, y si, además, no tenemos ninguna evidencia de que lo haya hecho por motivos puramente jurídicos, ¿qué garantías tenemos de que estos ataques a la UE no se van a volver a producir?

La semana pasada dije que el enemigo de la UE lo tenemos dentro. Hoy lo vuelvo a repetir, y con más convicción aún.